El Departamento de Justicia rechaza el esfuerzo de Eastman para recuperar su teléfono celular

La presentación es la última salva en el esfuerzo cada vez más público del departamento para investigar criminalmente los esfuerzos de Trump y sus aliados para interrumpir la transferencia de poder y anular las elecciones de 2020. También es el último indicio de que el Departamento de Justicia considera que el asunto de Eastman es de alta prioridad: ha enviado a sus principales investigadores en asuntos relacionados con Trump, incluido el fiscal federal adjunto Thomas Windom, para litigar el asunto. El mes pasado, Windom reveló que el departamento había obtenido una segunda orden de allanamiento para el teléfono de Eastman para controlar asuntos que podrían estar cubiertos por el privilegio abogado-cliente.

La demanda de Eastman de que el gobierno devuelva su teléfono y destruya toda la información copiada de él sería una “purga completa de los documentos de los archivos de investigación del gobierno”, según el Departamento de Justicia, y “causaría un perjuicio sustancial a la investigación, como así como impedir seriamente el uso de cualquier gran jurado del material incautado en una futura decisión de acusación. La ley no respalda tal acción”.

Entre las quejas de Eastman: El inspector general del Departamento de Justicia, que generalmente investiga las irregularidades de los empleados del departamento, efectuó la incautación de su teléfono, para lo cual se obtuvo una orden de allanamiento. Eastman, por otro lado, es un abogado privado. Pero el departamento dijo que su argumento era simplemente incorrecto. El inspector general tiene autoridad para buscar pruebas de partes privadas si se relacionan con posibles “actos delictivos que afectan negativamente al Departamento”.

“Como una cuestión de sentido común, está equivocado: una investigación de irregularidades por parte de un individuo rutinariamente implica obtener evidencia de otros, particularmente en casos que involucran conspiraciones”, escribe Dohrmann.

Eastman también había alegado que se violaron sus derechos de la Quinta Enmienda cuando los agentes del FBI le obligaron a desbloquear su teléfono con reconocimiento facial, pero el Departamento de Justicia dijo que la orden había permitido a los agentes “obtener una característica física del peticionario”, como el rostro de Eastman, “usando su conocimiento independiente sobre qué característica sería relevante para acceder al dispositivo incautado”.

La réplica más mordaz del departamento a Eastman fue su queja de que no se le presentó la orden de allanamiento antes de que le incautaran el teléfono.

“Desde el punto de vista profesional del demandante, se le debería haber proporcionado una copia de la orden antes de su ejecución, y luego aparentemente darle tiempo (¿minutos? ¿horas?) atención a las diversas deficiencias constitucionales evidentes en el anverso de la orden, evitando así la incautación inconstitucional en primer lugar’”, señaló el DOJ, “todo mientras los agentes permanecían en un estacionamiento, en un estado de acarreo abierto, sabiendo que el solicitante estaba autorizado a portar un arma oculta”.

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